Acción legislativa de Minnesota
La Legislatura de 2010 promulgó leyes destinadas a abordar las denuncias de mala conducta por parte de los oficiales asignados a la Fuerza de ataque de pandillas de Metro, incluidas las incautaciones y decomisos indebidos.
En mayo de 2009, la división de auditoría financiera del Auditor Legislativo realizó una revisión especial de la Fuerza de Tarea contra Pandillas de Metro y descubrió que “los controles internos no eran adecuados para salvaguardar la propiedad incautada y confiscada, autorizar adecuadamente sus transacciones financieras, registrar con precisión su actividad financiera en la contabilidad registra y lleva a cabo sus actividades financieras de manera razonable y prudente ”. 10 Posteriormente a este informe y luego de otras acusaciones de mala conducta, la fuerza de ataque fue clausurada. Se realizó una investigación adicional a solicitud del Departamento de Seguridad Pública. Este informe, conocido como el informe "Luger", encontró "acusaciones creíbles de mala conducta en relación con los empleados de la fuerza de huelga que iban más allá de los hallazgos del Auditor Legislativo", incluidas las incautaciones ilegales, posibles violaciones de los derechos civiles y el manejo inadecuado de las propiedades y pruebas incautadas. 11, 12
En un esfuerzo por frenar el posible abuso, la Legislatura de 2010 aprobó dos proyectos de ley que abordan la supervisión de las fuerzas de tareas multijurisdiccionales, como la Fuerza de ataque de pandillas de Metro, 13 e hicieron cambios en varias leyes de decomiso y decomiso. Con respecto a esto último, el capítulo 391 implementó los siguientes cambios en la ley de decomiso:
• Requiere que los oficiales de recibos al confiscar la propiedad
• Modifica las provisiones de bonos para la propiedad perdida
• Implementa cronogramas para el aviso de confiscación y audiencias
• Modifica la jurisdicción del tribunal de conciliación para incluir ciertos reclamos de decomiso
• Coloca un límite en el valor de la propiedad que se puede perder administrativamente
• Requiere que los fiscales certifiquen las confiscaciones administrativas
• Prohíbe la venta de bienes decomisados a oficiales y sus familiares.
• Modifica y expande los requisitos de informes de decomiso
• Requiere que la Junta de Estándares y Capacitación de Oficiales de Paz (POST) y la Asociación de Abogados del Condado de Minnesota desarrollen una política modelo a nivel estatal para las mejores prácticas de decomiso
Una de las principales preocupaciones de la legislatura era el uso de disposiciones administrativas de decomiso. Si una agencia pierde administrativamente la propiedad, no hay revisión judicial ni proceso formal. Además, la ley anterior no estableció ningún límite de tiempo para iniciar estas acciones. Para aumentar la rendición de cuentas y la supervisión, la legislatura implementó un plazo de 60 días para notificar después de la incautación y exigió que se escucharan las reclamaciones impugnadas dentro de los 180 días posteriores a la demanda. Se colocó un límite de $ 50,000 en las confiscaciones administrativas (cualquier cosa por encima de ese valor necesitaría perderse judicialmente), y los fiscales deben certificar que se cumplieron ciertos procedimientos antes de que una agencia pueda deshacerse de la propiedad retenida administrativamente. Los requisitos de informes también se ampliaron para aumentar la transparencia de las acciones de decomiso.
Este artículo fue escrito en inglés por el abogado Aaron Hall, quien concedió a Ceiba Fôrte Law Firm® licencia perpetua para el uso de este y otros artículos semejantes. El abogado Hall no trabaja ni representa a Ceiba Fôrte. Puede aprender más sobre el abogado Hall aquí: https://aaronhall.com